Las informaciones conocidas durante los últimos días son de una gravedad extrema. Sin perjuicio de lo que determinen las investigaciones que ahora deberán desarrollarse, existe ya una realidad política incontestable: la respuesta ofrecida hasta la fecha por el Gobierno municipal y por la alcaldesa de EH Bildu Aizpea Otaegi está muy lejos de la que exige la gravedad de los hechos conocidos.

La ciudadanía de Errenteria esperaba liderazgo, claridad, transparencia y capacidad para asumir responsabilidades. Sin embargo, lo que ha encontrado son explicaciones insuficientes, contradicciones, confusión y una preocupante resistencia a ofrecer respuestas claras a preguntas que siguen siendo esenciales. 

La prioridad absoluta debe ser la protección de las víctimas y, especialmente, la protección de los menores. Precisamente por ello, y ante las dudas existentes sobre si todos los mecanismos de protección funcionaron adecuadamente y si todas las personas, entidades y administraciones actuaron con la diligencia exigible, EAJ-PNV ha decidido dirigirse formalmente tanto al Ararteko como al Ministerio Fiscal para que investiguen estos hechos dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Lo que exigimos es que las instituciones competentes aclaren si todas las obligaciones legales de protección de menores fueron cumplidas, si los protocolos existentes fueron activados correctamente, si las medidas adoptadas fueron suficientes y si hubo decisiones, omisiones o actuaciones que pudieron permitir que situaciones de riesgo se produjeran.

La máxima responsable política del Ayuntamiento es la alcaldesa. Y la ciudadanía tiene derecho a saber qué conocía el Ayuntamiento, cuándo lo conocía, qué decisiones adoptó, cuándo las adoptó y si dichas decisiones fueron suficientes para garantizar la protección de las menores y de las posibles víctimas.

También consideramos un error que el Ayuntamiento de EH Bildu haya mezclado públicamente en una misma comparecencia el caso relacionado con Xenpelar Bertso Eskola y el vinculado a Kukai y Jon Maya. Son situaciones diferentes, con implicaciones institucionales distintas y con obligaciones jurídicas claramente diferenciadas. Mezclar ambos asuntos solo contribuye a generar confusión y dificulta la necesaria rendición de cuentas sobre un servicio en el que participaban menores de edad.

Resulta especialmente chocante que esta situación se produzca bajo la dirección política de una alcaldesa con formación específica en estudios de género y feminismo y que participó activamente en el desarrollo de las políticas de igualdad de Errenteria. Precisamente por esa trayectoria, la exigencia política era mayor. Por ese conocimiento, la ciudadanía esperaba una respuesta ejemplar. Y por esa responsabilidad institucional, resulta incomprensible la falta de autocrítica demostrada hasta el momento.

La alcaldesa y EH Bildu han pretendido refugiarse reiteradamente en argumentos relacionados con la confidencialidad. EAJ-PNV quiere dejar claro que nadie discute la necesidad de proteger a las víctimas ni el deber de preservar su intimidad. Lo que cuestionamos es la utilización de la confidencialidad como argumento para evitar responder a cuestiones fundamentales sobre el funcionamiento de los mecanismos institucionales de protección.

La confidencialidad jamás puede convertirse en una coartada política. La protección de las víctimas es compatible con la rendición de cuentas. La protección de las víctimas es compatible con la transparencia institucional. La protección de las víctimas es compatible con explicar si las administraciones actuaron con toda la diligencia que la situación exigía. Lo que la ciudadanía reclama hoy no son excusas, reclama explicaciones.

Para EAJ-PNV resulta especialmente preocupante que, según las informaciones que han trascendido públicamente, determinadas conductas y alertas del supuesto agresor habrían sido conocidas desde el año 2018 por Bertsozale Elkartea; y que, pese a ello, la persona señalada haya continuado desarrollando labores docentes y actividades con menores y jóvenes en distintos municipios de Gipuzkoa durante años.

La denuncia pública realizada es de enorme gravedad ya que se afirma que “una persona habría utilizado de forma sistemática su posición de referencia para desarrollar relaciones de poder y cometer agresiones en distintos ámbitos vinculados al mundo del bertsolarismo”.

Estamos ante una situación que exige mucho más que una comparecencia defensiva. Exige una profunda reflexión institucional y una asunción clara de responsabilidades políticas.

Porque si algo ha quedado demostrado en este caso es que han sido las víctimas, sus familias y el movimiento feminista quienes han impulsado que estos hechos salieran a la luz y alcanzaran la dimensión pública necesaria para provocar una respuesta institucional. Y esa realidad debería invitar a la humildad, a la autocrítica y a la responsabilidad política.