Maria Eugenia Arrizabalaga, portavoz de Eusko Abertzaleak EAJ-PNV en la Comisión de Convivencia y Derechos Humanos celebrada hoy en las Juntas Generales de Gipuzkoa ha condenado la desproporcionada petición de la fiscalía para los siete jóvenes de Altsasu, así como el relato que establecen tanto el Tribunal Superior como la jueza de la Audiencia Nacional, Carmel Lamela, para intentar justificar la aplicación de un tipo penal (el recogido en el artículo 573 del Código Penal) que claramente no es de aplicación en los hechos acaecidos en la madrugada del 15 de octubre en Altsasu.

De ése modo, EAJ-PNV en las Juntas Generales de Gipuzkoa ha votado a favor de la resolución cuyo contenido ya fue aprobado en las instituciones forales de Nafarroa, y según la cual se rechaza la calificación como terrorismo del Ministerio Fiscal y se manifiesta la disconformidad con la decisión adoptada por el Tribunal Superior y de la propia Audiencia Nacional de conocer el caso en lugar de su Juez natural en la Audiencia Provincial de Iruñea que EAJ-PNV estima competente.

Arrizabalaga ha señalado en su intervención que, “la calificación del fiscal de la Audiencia Nacional se ajusta más al concepto de derecho penal del enemigo que a los principios garantistas que deben informar todo procedimiento penal en un estado de derecho que se considere como tal”.  “El caso Altsasu es un claro ejemplo del derecho penal del enemigo, el derecho de excepción donde se abandonan los principios garantistas y racionales del derecho penal”, ha remarcado la portavoz jeltzale.

 “Además, la mencionada disconformidad con el Ministerio Fiscal no la manifestamos solo nosotros – ha añadido Arrizabalaga – otras tantas formaciones políticas, el Gobierno Foral de Nafarroa, el Gobierno Vasco a través de su secretario de Paz y Convivencia, o los más de 80 alcaldes, entre ellos los de Pamplona, Donostia, Bilbao y Vitoria, así lo han manifestado también”.

Por último la portavoz jeltzale ha remarcado que, “solicitamos que sea la Audiencia Provincial de Nafarroa la que juzgue lo sucedido y establezca la sentencia correspondiente, en base a los hechos que resulten probados sin ningún otro tipo de consideraciones ajenas al caso”.