La Diputación foral de Gipuzkoa ha mostrado su satisfacción al conocer el fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el que se avala la competencia foral para convocar consultas. Tal y como ha recordado el diputado de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad, Imanol Lasa, la Administración General del Estado interpuso en noviembre de 2013 un recurso contencioso administrativo contra un acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la anterior Diputación por convocar una consulta popular sobre la desanexión de Igeldo, amparándose en la Norma Foral 1/2010 de participación ciudadana que se aprobó en la legislatura anterior bajo el mandato del diputado Markel Olano. 

Concretamente, el abogado del Estado solicitó la declaración de nulidad del acuerdo y de la Norma Foral de Participación al considerar que las consultas populares en el ámbito local no están contempladas en la Constitución. Previamente, el Delegado del Gobierno del País Vasco había requerido a la Diputación de Gipuzkoa para que anulase en el plazo de un mes el acuerdo de la convocatoria de la citada consulta popular, una petición que fue rechazada por el Consejo de Gobierno.

Lasa ha destacado la importancia del fallo dado a conocer hoy, ya que dictamina que ni las Juntas Generales ni la Diputación Foral son entidades de régimen local ni asimilables a ellas, por lo que a diferencia de los alcaldes que para someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos,  requieren previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Presidente del Gobierno, la Diputación Foral puede realizar consultas sin ese requisito, es decir no necesita autorización del Presidente del Gobierno.  En este sentido, ha concluido que “la sentencia supone, sin lugar a dudas, un blindaje indiscutible a la capacidad foral para convocar consultas bajo la Norma Foral que impulsamos en nuestra anterior etapa en la Diputación”.