La Diputación ha presentado hoy a los cinco componentes de la Comisión de Ética Institucional, el órgano de garantías del Sistema de Integridad Institucional puesto en marcha por el gobierno foral en su apuesta por una gobernanza ética, basada en la honestidad, la honradez y la ejemplaridad de los representantes públicos. Juana Goizueta, Belen Altuna y Gurutz Jauregi serán los tres expertos de la comisión, que completarán la directora de Modernización Goizeder Manotas, y el diputado de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad Imanol Lasa. Todos ellos han mantenido hoy una reunión con el diputado general Markel Olano, que ha destacado la importancia del nuevo órgano para asentar una gestión pública basada en “valores y principios sólidos”.

Los tres expertos presentados hoy garantizan una mayoría de personas externas con voz y voto en la Comisión, un rasgo “pionero” a nivel estatal, que asegura su “independencia funcional y autonomía”, según ha explicado Lasa. “Cuando aprobamos el Código de Conducta y Buenas Prácticas, dejamos claro que no era una simple declaración de intenciones, sin exigencias aplicativas ni consecuencias en caso de infracción. No son simples palabras, sino que sometemos nuestro comportamiento y acciones al escrutinio externo de un órgano que garantizará que cumplimos el Código. Se trata de una apuesta valiente y de largo recorrido”, ha explicado. Todos los diputado/as, directores/as generales, y el personal eventual con funciones de asesoramiento se han adherido individualmente al Código a través de su firma.

Con ello los cargos públicos forales han suscrito los siguientes principios: representación, integridad, ejemplaridad, honestidad y desinterés, objetividad en la toma de decisiones -especialmente en nombramientos, contrataciones y subvenciones-, profesionalidad, eficiencia en la gestión –evitando cualquier derroche y despilfarro-, y convivencia y respeto.

Estos valores se plasman en una serie de normas de conducta que el código estipula de forma expresa. Entre otras, por ejemplo, deberán evitar cualquier tipo de conflicto de interés o apariencia de tal;  no dispondrán de tarjetas de crédito institucionales, abonando previamente cualquier gasto o desembolso realizado por razón de su cargo; se llevará un registro de todos los viajes y comidas institucionales que realicen, indicando el objeto y el coste del mismo; y solo podrán hacer uso de los coches oficiales para desplazamientos institucionales. Tampoco podrán aceptar, ni ellos ni su familia inmediata o pareja de hecho, ningún regalo, invitación, viajes, comidas ni compensación económica por impartición de conferencias o participación en medios por actividades vinculadas con el ejercicio de sus funciones, o beneficio que pueda poner en duda su honestidad, condicione o pueda dar la apariencia de condicionar la toma de decisiones o la participación en ellas.

El Diputado ha recalcado que los tres expertos escogidos para garantizar el cumplimiento de este código son personas con una dilatada trayectoria y reconocido prestigio, “cuya capacidad y conocimiento está fuera de toda duda”. Juana Goizueta (Lesaka, 1969), licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra (1992) y Doctora por la Universidad del País Vasco (2006), es decana de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU. Gurutz Jauregi (Urretxu, 1946) es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco UPV/EHU, y autor de 14 libros individuales y más de 50 colectivos. Belen Altuna (Zarautz, 1969) es doctora en Filosofía y profesora del departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social de la UPV/EHU –ver currículums adjuntos-.

Su principal cometido será promover y garantizar la difusión, interiorización y el correcto cumplimiento de los valores, principios y normas de conducta establecidos en el Código, y prevenir conductas no adecuadas en el ejercicio de las funciones de los cargos públicos, preservando y salvaguardando así la imagen y el clima ético de la institución. Resolverán las consultas, dudas, conflictos de intereses y dilemas éticos que puedan plantear los cargos públicos, y tramitarán y resolverán las quejas y denuncias recibidas sobre el incumplimiento del Código.  

De forma anual, elaborarán un informe sobre su actividad, así como una Guía de Aplicación del Código en la que se detallarán y concretarán las normas de conducta, a partir de las evidencias empíricas, las consultas y las resoluciones que hayan ido adoptando. Asimismo, propondrán programas de formación y capacitación en ética pública, en los que los cargos públicos tendrán la obligación de participar. La Comisión se reunirá al menos una vez cada semestre, si bien se procederá a convocar una reunión cuando exista algún asunto o consulta que requiera su conocimiento. Las sesiones podrán ser presenciales o desarrollarse mediante medios electrónicos.

 Los procedimientos de consulta, queja o denuncia ante la Comisión serán sencillos y sin especiales exigencias formales, para “agilizar” su labor. Podrán realizarse de forma electrónica a través de la dirección de correo zuzentasuna@gipuzkoa.eus, o también de forma física utilizando el formulario dispuesto en el punto de atención a la ciudadanía de la sede de la Diputación. Se ha habilitado un apartado web sobre integridad -www.gipuzkoa.eus/eu/aldundia/zuzentasun-sistema-, donde la Comisión irá haciendo públicas sus resoluciones salvaguardando la confidencialidad. De hecho, desde su nombramiento el pasado 3 de mayo ya ha atendido dos consultas.

La Comisión podrá actuar de oficio o mediante queja o denuncia, y dictará distintos tipos de resolución. Si el incumplimiento fuera calificado como escasamente relevante, la resolución será de reprobación. Si fuera calificado como relevante, la resolución será de advertencia y reprobación. Y si  fuera muy relevante y con impactos institucionales de especial gravedad, la resolución contendrá la correspondiente propuesta de cese del cargo público. Dos resoluciones de reprobación implicarán una resolución de advertencia y reprobación. La tercera conllevará la propuesta de cese. Dos resoluciones de advertencia y reprobación conllevarán la propuesta de cese.

Si la conducta pudiera ser merecedora de una sanción administrativa o penal, se dará traslado de inmediato al órgano competente. En la calificación de un incumplimiento, además de la conducta o comportamiento personal, se tendrá en cuenta el daño objetivo a la imagen institucional. Durante el primer año de vigencia del Código, la Comisión sólo podrá dictar resoluciones de reprobación, pero si se diera una situación objetiva que requiriera un cese, así se hará constar en la resolución, y su opinión constituirá “el parámetro de referencia” para la toma de decisiones, tal y como ha asegurado Lasa.

“Tenemos claro que hacer de la buena gobernanza nuestra seña de identidad exige mucho más que simplemente cumplir la ley. Cuando hablamos de transformar las formas de gobierno, tan importante como el qué, es el cómo. Queremos seguir construyendo una ‘Gipuzkoa ejemplar’’, compartir esta filosofía con todas las instituciones y entidades públicas del Territorio. Y comenzamos por la Diputación. Solo así, dando ejemplo día a día, es como reforzaremos y apuntalaremos la confianza y credibilidad de la institución ante Gipuzkoa”, ha concluido el Diputado.