El debate partía de una iniciativa del grupo socialista en la que, basándose en una interpretación absolutamente interesada y parcial de las instrucciones aprobadas en abril del 2014 en materia de buenas prácticas en la contratación de servicios, acusaba al lehendakari Urkullu de limitar el acceso a la información a las y los parlamentarios en relación con los contratos menores. Nada más lejos de la realidad.

Lo cierto es que con la legislación vigente en materia de contratos del sector público no existe ninguna obligación de publicar este tipo de contratos; es decir, con la ley en la mano, no existe obligación de publicar aquellos contratos de servicios de cuantía inferior a 18.000 euros. Antes de aprobar las instrucciones, tenía sentido que toda esa información no pública se remitiera a la Cámara para que pudiera ejercerse la legítima función de control que corresponde a las y los representantes parlamentarios. Es lo que habían venido haciendo los gobiernos de distinto signo político de Euskadi sin ningún tipo de objeciones. 

El Gobierno Vasco remitía a la Cámara, a instancia de los grupos parlamentarios una relación detallada de los contratos de servicios menores celebrados en periodos temporales que no tenían por qué ser trimestrales. No existía ninguna instrucción que obligara al Gobierno a remitir trimestralmente dicho informe y las relaciones de contratos remitidas eran respecto a los ámbitos temporales requeridos por las y los propios parlamentarios. La última solicitud registrada por el grupo socialista iba desde el 22 de julio a 31 de diciembre de 2014.

Por el contrario, no se remitía ninguna relación sobre el resto de los contratos que no fueran menores. La razón para ese tratamiento diferente era que al ser contratos respecto a los cuales existe obligación legal de publicar, no era necesaria dicha relación porque toda la información sobre los mismos ya estaba publicada y era accesible para cualquier persona en la página web correspondiente. Ese ha sido el procedimiento habitual durante muchos años, y nadie se había llevado las manos a la cabeza ni lo había utilizado como pretexto para acusar de un supuesto cerrojazo informativo a la administración.

Sin embargo, con las nuevas instrucciones aprobadas, la situación es completamente diferente. El Gobierno Vasco, en su firme compromiso por avanzar hacia la transparencia absoluta y lograr un sistema de buenas prácticas para los contratos de servicios, se ha autoimpuesto la obligación de publicar 'todos' los contratos en el Registro de Contratos del Sector Público Vasco de forma que cualquier persona, sea parlamentaria o no, sean contratos menores o no, pueda tener acceso a dicha información.

Eso significa que, a diferencia de antes, ahora disponemos de una herramienta que posibilita acceder también a la información sobre los contratos menores de la misma manera que antes se podía acceder a la información sobre el resto de contratos que no fueran menores. Entonces, si anteriormente todos los grupos aceptaban como perfectamente normal el que el Gobierno remitiera a la web donde se publicaban los contratos no menores, ahora ¿cuál es el inconveniente para hacer lo mismo respecto a los contratos menores Lamentablemente, la respuesta a esta pregunta, que más parece un trabalenguas, ha quedado en el aire por parte de los grupos de la oposición, y ha sacado a relucir el verdadero objetivo de esta iniciativa que no era más que aprovechar torticeramente un falso argumento para atizar, una vez más, al Gobierno Vasco en plena campaña preelectoral.

No son ciertas las acusaciones en las que se fundamenta la oposición para acusar al Gobierno de Urkullu de oscurantismo y de obstaculizar la labor parlamentaria. Están en su legítimo derecho de solicitar dicho informe, aunque se trate de una información a la que todas y todos podamos acceder en un click desde nuestro ordenador. Lo que es inadmisible es hacer interpretaciones interesadas de la realidad para manipularla al objeto de lanzar acusaciones falsas con el único fin de obtener réditos políticos. A algunos partidos les molesta que este Gobierno esté avanzando firmemente en la cultura de la transparencia y el buen gobierno.

Es muy preocupante que todos los grupos de la oposición se hayan puesto de acuerdo para instar al Gobierno Vasco a remitir al Parlamento un informe trimestral que cualquiera de nosotros puede disponer en menos de un minuto desde nuestro ordenador. Es todavía más alarmante que, aun sabiéndolo, intenten falsear la realidad para fundamentar sus graves acusaciones sobre la limitación del acceso a la información con relación a contratos menores. Afortunadamente, «la única verdad es la realidad». Y la realidad es que, actualmente, todos los contratos están publicados y que se puede consultar cualquier aspecto sobre contratación sin tener que esperar a ningún informe del Gobierno. En esta materia ahora hay más transparencia que nunca. Lo contrario de lo que interesadamente reprochan los grupos de la oposición.