Bildu ha buscado la judicialización de todo, contra todo y contra todos, y se ha encontrado inesperadamente con esta actuación de la fiscalía, cuyas consecuencias comenzaremos a ver en breve.

En ese sentido, el 27 de marzo de 2013, y a la vista del cariz que estaba tomando la situación de suspensión de todos los contratos en vigor relacionados con la construcción de las plantas de tratamiento de residuos contempladas en la Norma Foral de Residuos, los miembros de EAJ-PNV en la Asamblea del Consorcio de Residuos enviaron sendos escritos, tanto a asesora letrada del Consorcio de Residuos como al Secretario del Consejo de Administración de GHK, requiriéndoles a la emisión urgentes de un informe que contemplara:

- Incumplimientos en relación con los contratos en vigor de los Bancos, las Ingenierías y la UTE adjudicataria.
- Responsabilidades de toda índole derivadas de dichos incumplimientos.
- Personas físicas responsables de dichos incumplimientos.
- Advertencias al respecto en relación a dichos incumplimientos por parte de se los secretarios letrados, tanto los anteriores como los presentes, en relación con los incumplimientos y sus consecuencias. Nos consta que hay unas cuantas.

La contestación de ambos, el 17 de abril, es que las cuestiones planteadas deben ir dirigidas al presidente del Consorcio.

El 24 de abril, se envía un escrito al Presidente del Consorcio, Juan Carlos Alduntzin, efectuándosele las mismas preguntas.

A día de hoy, no se ha recibido contestación alguna a las cuestiones formuladas.

Es más. Bildu, junto con el PP, a día de ayer, imposibilitó la comparecencia del diputado Errazkin, solicitada por el PNV, para que diera explicaciones sobre la paralización de las obras adjudicadas. ¿Tiene algo que esconder?

Las adjudicaciones, los contratos firmados, respondían a la solución contemplada para la gestión de los residuos del territorio mediante la Norma Foral, aprobada en Juntas Generales, mediante las que se aprobaban tanto el PIGRUG de 2002 como su actualización mediante el Documento de Progreso del mismo.

Un plan aprobado en 2008 por amplísima mayoría, vigente a día de hoy, y cuyo cumplimiento se ha exigido una y otra vez desde las Juntas Generales y a las que los representantes de la Diputación en el Consorcio y en GHK han sido insumisos. Contrarios al cumplimiento de las leyes de las que nos hemos dotado en el territorio.

Las decisiones adoptadas la pasada legislatura por el Consorcio contaron, en todo momento, con los informes jurídicos, económicos y técnicos necesarios, que han sido avalados por las consultoras externas independientes que han auditado todos los procesos desde los puntos de vista tanto contractual, como procedimental, jurídico y económico.

Bildu no puede decir lo mismo, ya que los auditores destacaban las incertidumbres que se cernían sobre la sociedad en su informe de 2011 debido a la suspensión contractual decretada por Bildu.

El Consorcio lleva cerca de un año adoptando decisiones exclusivamente políticas. No tiene responsable ni técnico ni económico. Está descabezado.

Las consecuencias de la paralización pueden ser de distinta índole. Las económicas, que se van ratificando, las conocían desde el minuto 1 de su aceptación como nuevos gestores de las instituciones. Y el Objeto de la sociedad, su finalidad, es la construcción de las plantas de tratamiento, entre las que destaca la planta de incineración.

La paralización, el abandono del proyecto, decisión exclusivamente unilateral de Bildu, (todos los consejeros de la sociedad son de Bildu) ha supuesto, de inicio, la pérdida de más de 60 millones de euros en concepto de “primas energéticas” por generación de energía limpia.

A los que se van a añadir otros aproximadamente 64 millones por indemnizaciones a las adjudicatarias, derivadas del abandono del proyecto. Dos años sin hacer absolutamente nada es mucho tiempo.

Más de 124 millones, por no hacer, por destruir la solución aprobada a la gestión de los residuos, son muchos millones. Que el diputado Errazkin dijo que pagaríamos a escote todos los guipuzcoanos a través de la tasa de las basuras. Las consecuencias de sus decisiones, indecisiones o inacciones, las acabaremos pagando los guipuzcoanos de nuestro bolsillo

Y Bildu sigue sin un proyecto para el Territorio. Nada al menos que esté dispuesto a debatir con nadie.

Año y medio queda de vida a los vertederos. Y no hay planteamientos alternativos a los contemplados en la norma foral.

La imposición del Puerta a Puerta y el caos es a lo que lleva la deriva de Bildu: imposición, incapacidad, improvisación e irresponsabilidad son las señas de identidad de Bildu en la gestión. El caos, en definitiva

Las indemnizaciones son consecuencia de incumplimientos. Incumplimientos que son responsabilidad exclusiva de Bildu.

GIPUZKO BURU BATZARRA