El grupo municipal de EAJ-PNV de Errenteria ha denunciado que no es aceptable que sean los alumnos y alumnas de la Bertso Eskola quienes sufran directamente las consecuencias: “Como resultado de la insuficiente gestión del gobierno municipal, serán 80 los niños, niñas, adolescentes y familias, y que no tienen ninguna culpa, quienes se queden sin clases, al menos, hasta enero”.

Ante una situación que se conoce desde mayo, la portavoz jeltzale Eli Murua ha denunciado que “no se puede tardar tanto tiempo en buscar una solución”: “Estamos de acuerdo con ampliar el seguimiento y control de la escuela, sobre todo para evitar que algo así vuelva a suceder; pero lo que no se puede aceptar es que los afectados sean los niños y niñas”.

Por ello, ha pedido al Ayuntamiento que explore otras vías, “porque la gestión directa del servicio no es la única solución”. Aunque a medio plazo ese sea el objetivo, ha solicitado que, hasta que se haga efectivo, se estudie y se lleve a cabo la vía de un nuevo contrato, “algo que se puede hacer con todas las garantías y seguridad, y así los y las alumnas no perderán un tercio del curso, en el mejor de los casos”, ha precisado Murua.

Ha añadido que queda claro que este asunto no ha sido prioritario para EH Bildu, “porque de lo contrario no se entiende cómo es posible que desde mayo hasta hoy no se haya hecho nada para garantizar las clases”. Asimismo, ha pedido que se analice “bien” también la cuestión económica, ya que la “solución” que plantea el Ayuntamiento supondría casi duplicar el coste, y ha añadido que no está claro si ese sobrecoste lo asumirá el Ayuntamiento o volverá a recaer sobre las familias como consecuencia de la “falta de gestión”.

Los protocolos tampoco se han revisado

Por otro lado, Murua ha señalado que tampoco se ha llevado a cabo la revisión de los protocolos anunciada: “No entendemos a qué está esperando el Ayuntamiento”. En este sentido, ha recordado que no se pueden confundir dos cuestiones: el trabajo del Ararteko y la revisión de los protocolos. El grupo municipal del EAJ-PNV, el 2 de junio, “nada más conocer los hechos”, puso la investigación del caso en manos del Ararteko y de la Fiscalía, así como el esclarecimiento de si se habían cumplido todas las obligaciones legales de protección de los menores, “y, por supuesto, también pedimos responsabilidades políticas a la alcaldesa”.

En ese sentido, la respuesta recibida por el grupo municipal jeltzale fue que los protocolos serían revisados, “pero hasta ahora no se ha hecho nada. La única respuesta que hemos recibido ha sido que el Ayuntamiento está esperando el informe del Ararteko, y eso no es aceptable de ninguna manera”, ha precisado Eli Murua. Ha recordado que corresponde al Ayuntamiento llevar a cabo la revisión de los protocolos, y ha exigido a EH Bildu que no deje de lado esta obligación.