Si tuviéramos que buscar un titular a la crónica de esta semana sería algo así como "politización de la Justicia" o "judicialización de la política". Las noticias más importantes que hemos vivido a lo largo de los últimos días están directamente relacionadas con injerencias de la Justicia en la política vasca. La división de poderes se ha convertido en una quimera y las últimas actuaciones de algunos jueces tienen un marcado impulso político. Se busca un modelo de Estado unitario y todo aquello que se entienda que pueda suponer un impedimento a ese modelo se suprime; no importa cómo; y si resulta necesario también se recurre a los jueces. Tenemos ejemplos diversos.

Uno de esos ejemplos es la noticia con la que, la semana pasada, iniciábamos esta crónica: el TSJPV había condenado a los ex miembros de la Mesa del Parlamento Juan María Atutxa, Kontxi Bilbao y Gorka Knorr por un delito de desobediencia a la autoridad judicial por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak. Las reacciones no se hicieron esperar. El Gobierno manifestó su profundo malestar. El Lehendakari -rodeado de todos los consejeros- compareció ante los medios de comunicación para decir que Atutxa, Knörr y Bilbao "han sido condenados por defender la autonomía de nuestro Parlamento y ejercer con dignidad la función política para la que fueron elegidos": Advirtió que "no entendemos y, por tanto, no aceptamos que Juan Mari Atutxa, Kontxi Bilbao y Gorka Knörr hayan cometido delito alguno". Calificó de "muy seria, muy grave y muy preocupante" la decisión del Tribunal Supremo. Y remarcó que "el Estado español, a través de sus instituciones, está consciente y permanentemente rompiendo el pacto de convivencia alcanzado en la transición". Concluyó asegurando que "vamos a dar la palabra al pueblo y vamos a ofrecer un cauce de participación y de expresión que haga posible una respuesta democrática a todo este sinsentido".
Como era de suponer, el PP y el PSOE no coincidieron con las apreciaciones del Lehendakari. El PP manifestó que la sentencia del TS "recompone el equilibrio" con el que debe funcionar un Estado de derecho. Por su parte, la Comisión Ejecutiva del PSE-EE se limitó a lamentar que el Supremo desatendiera el criterio de la Fiscalía y condenara al ex presidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa basándose en la acusación del sindicato Manos Limpias.

La reacción del tripartito consistió en convocar una manifestación para el sábado en Bilbao. El lema elegido fue "en defensa de  nuestras instituciones". El Gobierno en pleno estuvo a la cabeza de la misma junto a los condenados. El resto de partidos criticaron duramente la iniciativa. El PP habló de "batasunización del PNV" y "actitud chulesca"; el PSE la calificó de "irresponsabilidad" y "victimismo electoralista"; y la izquierda abertzale instó a no acudir a la manifestación porque entendía que era "un engaño" que plantea "continuar y perpetuar" el actual marco político institucional.
La guinda a todo esto la ha puesto el CGPJ. El Gobierno del Poder Judicial ha decidido elevar al pleno una propuesta para que adopte un acuerdo sobre las declaraciones y la manifestación. Al parecer los jueces pueden interferir en la vida política de este país, pero los ciudadanos no podemos manifestar lo que pensamos.

La condena a los ex miembros de la Mesa -además de ser terriblemente grave por sí sola- conlleva un añadido. ¿Hasta que punto lo que ha pasado ahora no es la antesala de lo que piensan hacer con el Lehendakari? ¿No sería una forma fácil de quitarle de la circulación y anular su iniciativa política, como apuntaba Joseba Egibar en una entrevista en Radio Euskadi? El tiempo dirá. Lo que si podemos confirmar es que los pasos que se están dando no apuntan en la buena dirección. Además de la inhabilitación de Atutxa, Knörr y Bilbao, estos últimos días, ha sido noticia que el TSJPV ha desestimado el recurso de súplica interpuesto por la defensa del lehendakari Ibarretxe contra la composición del tribunal que deberá juzgarle y ha acordado iniciar la tramitación de las recusaciones presentadas en la causa. Está claro que veremos al Lehendakari en el banquillo de los acusados. Ahora habrá que ver hasta dónde son capaces de llegar.

Lo que si parece ser un hecho es la ilegalización de EHAK y ANV. Hoy mismo, la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo la ilegalización de EHAK. Alega que este partido ha sido "instrumentalizado" política y económicamente por Batasuna y que presta una "absoluta y entregada colaboración" a la formación ilegalizada. Además, el Ministerio Público ha pedido que, mientras se tramita el procedimiento de ilegalización, el Supremo prohíba que EHAK presente candidaturas a las próximas elecciones generales; también exige que cierre sus sedes y que embargue sus cuentas bancarias.
Y mientras tanto, la pugna electoral continúa en el estado. Zapatero y Rajoy han iniciado una carrera por hacer la oferta más golosa. El primero promete reducir 400 euros en el IRPF; y el segundo contraataca con la promesa de crear 2,2 millones de puestos de trabajo. Parece un zoco. Y el regateo también afecta al tema vasco. La estrategia compartida entre los dos durante la última década en todo lo referente al conflicto no es óbice para que, ahora, también intenten rascar votos con la cuestión vasca. Así, el PSOE incluye en su programa que no habrá diálogo con ETA y el PP asegura que no alcanzará acuerdos con el PNV. Pero los dos se ponen de acuerdo para impedir que las Juntas Generales de Álava aprueben una moción en la que se solicita el sobreseimiento de la causa abierta contra el Lehendakari. ¿Quién da más?