La petición se produce tras las numerosas dudas existentes en torno a la gestión de este expediente y ante la preocupación generada entre vecinos y vecinas de Andoain por las consecuencias económicas que podrían derivarse de la ejecución de la sentencia.

Transparencia y rigor ante una situación compleja

Tal y como se desprende de la documentación remitida por el Ayuntamiento en respuesta a las preguntas registradas por EAJ-PNV, el procedimiento judicial se remonta a 2012 y la sentencia condenatoria es de 2014. Sin embargo, la ejecución ha terminado afectando potencialmente a actuales propietarios y propietarias del sector, al considerarse una obligación urbanística de carácter real.

Desde EAJ-PNV consideramos prioritario esclarecer con total transparencia:

      • Por qué hemos llegado a esta situación más de una década después.

      • Si el Ayuntamiento, como administración actuante y miembro de la Junta de Compensación, actuó con la diligencia debida.

      • Cuál fue la relación efectiva entre el Ayuntamiento y la Junta de Compensación durante todo el proceso.

      • Si existieron márgenes para recurrir, defender los intereses municipales o adoptar medidas alternativas.

      • Si se agotaron todas las vías para proteger a las y los andoaindarras.

Una responsabilidad institucional que no puede eludirse

EAJ-PNV considera que cuando existen dudas razonables sobre la gestión de una operación urbanística de esta envergadura, la obligación de cualquier institución pública es facilitar toda la información, analizar con rigor lo sucedido y depurar responsabilidades si las hubiera.

El Ayuntamiento formaba parte de la Junta de Compensación en calidad de administración actuante y tenía funciones de tutela y supervisión. Además, le correspondía supervisar las obras de urbanización antes de su recepción y velar por el interés general.

“No estamos ante una cuestión menor. Hablamos de una operación urbanística que se inició hace más de dos décadas y cuyas consecuencias están recayendo hoy sobre vecinos y vecinas que nada tuvieron que ver con la gestión inicial. La ciudadanía merece explicaciones claras”, señalan desde el grupo jeltzale.

Una comisión para aclarar, no para confrontar

La comisión solicitada por EAJ-PNV no tiene como objetivo generar confrontación política, sino analizar cronológicamente los hechos: determinar las decisiones adoptadas en cada momento, evaluar si la actuación municipal fue la adecuada y estudiar posibles vías de defensa del interés público.

“Es momento de ofrecer certezas. De aportar luz, no dudas. Y de defender con firmeza los intereses de Andoain y de sus vecinos y vecinas”. EAJ-PNV Andoain continuará trabajando con responsabilidad, rigor y determinación para que se conozca toda la verdad sobre el caso ENSANCHE-AMENABAR.