“Precisamente por ser conscientes de que la directiva europea prohíbe taxativamente que se produzca cualquier medida de discriminación – ha señalado Arrizabalaga – desde el inicio de la elaboración del proyecto de la Norma Foral de peajes se evitó el riesgo de incurrir en este tipo de medidas”.

“No cabe duda y la sentencia así lo confirma – ha continuado la portavoz abertzale – que el concepto jurídico indeterminado de “discriminación indirecta” abre campo a diferentes interpretaciones y de que hemos sufrido la menos favorable de ellas”. 

Por último, Maria Eugenia Arrizabalaga ha señalado que, “nos tranquiliza haber escuchado que el recurso de casación ante el Supremo tiene previsiblemente recorrido jurídico y que incluso abriría la posibilidad de aportar, esta vez sí, datos reales de uso en una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo”. “Datos de uso real de los que ahora sí disponemos, obtenidos del sistema de cobro de peajes, y que tal y como ha apuntado la Diputada Aintzane Oiarbide, vendrían a rectificar la interpretación que ha realizado el TSJPV”.