Hemos tenido conocimiento de otra sentencia que enmienda la plana a Bildu. Tras la sentencia que declaró nula la resolución del contrato de construcción de la planta de valorización de Zubieta, una nueva resolución judicial pone en evidencia la arbitrariedad y el dogmatismo con los que actuó Bildu en las instituciones gipuzkoanas.

En mayo de 2013, dos años después de  asumir las riendas de los órganos del Consorcio de Residuos, Ainhoa Intxaurrandieta y Antton Lete (presidenta y director gerente de GHK por Bildu), interpusieron demanda en los juzgados, basada en el supuesto carácter “especulativo” y la “alta toxicidad” del swap contratado en la anterior legislatura como cobertura de la financiación necesaria para construir la incineradora.

De la lectura de la sentencia a esa demanda cabe afirmar que:

• Los swaps se ajustaron exactamente a lo que requería el Banco Europeo de Inversiones, en el sentido de asegurar durante toda la vida del proyecto un tipo de interés fijo que evitase incertidumbres, para conceder a GHK el “préstamo privilegiado” para la construcción de la incineradora prevista en el PIGRUG.
• Que no existía otra fórmula alternativa que mejorara las condiciones del producto contratado. Se desmontan las alternativas planteadas por Bildu precisamente por ser, además de más caras, especulativas.
• Que el producto de cobertura de los tipos de interés contratado no era “especulativo” en origen (ya que iba en relación con la inversión prevista y con la disposición necesaria de los préstamos otorgados por el BEI)
• Que los swaps contratados se convirtieron en “producto especulativo” justo en el momento en que Bildu tomó la decisión exclusivamente política de no construir la incineradora.

En conclusión, como portavoz del grupo juntero de EAJ-PNV de Gipuzkoa considero que las decisiones adoptadas por el PNV en GHK fueron las adecuadas y que el elemento realmente “tóxico” de todo este relato ha sido la decisión de Bildu de no construir la incineradora de Zubieta.

La responsabilidad política de Bildu sobre las consecuencias de su decisión, exclusivamente política, es evidente. La cuantificación económica de esa decisión también lo es:

1- Once millones de euros públicos en indemnizaciones a las constructoras por una resolución contractual nula.

2- Sesenta millones de euros públicos a pagar a los bancos sin que se haya realizado la inversión prevista.

3- Otros cincuenta millones por la pérdida de primas energéticas de generación de energía limpia a través de los residuos.

4- A lo que hay que sumar el sobrecosto para las arcas públicas gipuzkoanas de no disponer hasta 2019 de la infraestructura de gestión de residuos que debía estar en marcha desde 2014.

El enorme agujero económico que supone lo anterior para los bolsillos de toda la ciudadanía del Territorio es, en opinión de EAJ-PNV,  consecuencia de una decisión política adoptada por los gestores de Bildu basada exclusivamente en posiciones dogmáticas, en contra de la mayoría democrática de Gipuzkoa y en contra de la Norma Foral vigente.