El portavoz parlamentario Joseba Egibar, ha dado lectura en el Parlamento Vasco a una declaración conjunta firmada por EAJ-PNV, EH Bildu y Elkarrekin-Podemos en contra de la decisión del Tribunal Constitucional de anular la convocatoria de referendum en Catalunya y de denunciar ante el fiscal a la presidenta del Parlament Carme Forcadell y demás miembros de la mesa afectados. 

“Queremos manifestar nuestro apoyo y solidaridad con Carme Forcadell, con todo el Parlament, con la Generalitat y con el conjunto de Catalunya. Queremos dejar claro que el proceso político y democrático iniciado por el Parlament merece respeto y reconocimiento como expresión de la voluntad democrática de la mayoría del pueblo catalán”. Según ha manifestado Egibar, la respuesta a las aspiraciones políticas legítimas y democráticas ha de ser el acuerdo político y no la persecución penal. Los pueblos, ha continuado, tienen legitimidad democrática para decidir su futuro, teniendo como único límite la decisión libre y democrática de la ciudadanía.

DECLARACIÓN

El Pueblo de Catalunya tiene derecho a expresar libre y democráticamente su voluntad respecto a su forma de relación con el Estado español, pero el Tribunal Constitucional ha vuelto a actuar contra ese derecho al anular el acuerdo del Parlament para la convocatoria de un referéndum.

Más aún, el Constitucional ha instado a la fiscalía a actuar por vía penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el resto de la Mesa del Parlament; el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los miembros de su gobierno.

Es por ello por lo cual quienes comparecemos hoy ante ustedes queremos manifestar en nombre de nuestros respectivos partidos nuestro apoyo y solidaridad con Carme Forcadell, con todo el Parlament, con la Generalitat y con el conjunto de Catalunya.

Queremos dejar claro que el proceso político y democrático iniciado por el Parlament de Catalunya merece respeto y reconocimiento como expresión de la voluntad democrática de la mayoría del pueblo catalán. Asimismo, queremos manifestar que la respuesta a las aspiraciones políticas legítimas y democráticas ha de ser el acuerdo político, no la persecución penal.

Los pueblos tienen legitimidad democrática para decidir su futuro, teniendo como único límite la decisión libre y democrática de la ciudadanía.