El Parlamento Vasco ha aprobado hoy la Ley que reordena y moderniza el Servicio Jurídico del Gobierno Vasco. Una normativa, ha destacado el parlamentario Kerman Orbegozo, que permitirá a Euskadi disponer de un modelo propio, diferenciado y eficaz. “Los servicios jurídicos ganarán en efectividad y se adaptarán a los nuevos tiempos y las nuevas realidades ya que la anterior ley data de hace casi 30 años”. Orbegozo ha agradecido el trabajo realizado por todos los grupos del Parlamento y que ha facilitado un apoyo mayoritario al texto. “Hemos realizado un gran esfuerzo por incorporar las aportaciones de la oposición y el Gobierno ha sido muy receptivo a ellas. Cuando se quiere y cuando existe un diálogo sincero, los consensos son posibles. Hoy tenemos un ejemplo con la aprobación de dos leyes incluidas en el calendario legislativo del Gobierno Vasco”.

La nueva ley reorganiza los servicios jurídicos en su doble vertiente: la de asesoramiento jurídico interno y la de defensa en juicio de los intereses de la Administración Pública vasca y de las personas que en ella trabajan. El proyecto crea una nueva especialidad en el cuerpo funcionarial, la de “Letrado o Letrada”, que se consolida como altamente cualificado y competitivo. A partir de la aprobación de la ley, cualquier institución u entidad del sector público vasco podrá firmar un convenio para que el Servicio Jurídico central del Gobierno Vasco pueda prestarle asistencia jurídica. Ello, ha resaltado el parlamentario jeltzale, “permitirá rentabilizar los recursos públicos, además de ofrecer soluciones más eficientes”.

Ley de Fundaciones de Euskadi

La segunda ley que ha recibido el respaldo de la Cámara ha sido la de Fundaciones del País Vasco. Será de aplicación a las más de 600 fundaciones registradas y supondrá un paso adelante hacia la transparencia y buen gobierno. Como ha subrayado el parlamentario jeltzale Juanan Arieta-Araunabeña, “las modificaciones de la presente regulación inciden de manera sustancial en la promoción de una nueva cultura de estas entidades de naturaleza privada sin ánimo de lucro, volcadas en el cumplimiento de finalidades de interés general y que gozan de importantes beneficios fiscales. Dicha actualización favorecerá, entre otras cosas, el incremento de su transparencia y buen gobierno.”

Asimismo, Arieta-Araunabeña ha indicado que la Administración Pública, a través del Protectorado de Fundaciones del País Vasco, asumirá con esta nueva normativa una serie de facultades que garantizarán, de manera más adecuada, el ejercicio de sus funciones restableciendo el necesario equilibrio entre la actuación privada y pública.

La mencionada ley plantea un marco jurídico novedoso para el sector fundacional de Euskadi ya que, además de simplificar de manera notoria la tramitación administrativa, moderniza el régimen regulador de estas entidades, pasadas ya más de dos décadas de la anterior regulación que data del año 1994 y que, lógicamente, partía de un enfoque que ha quedado obsoleto para los nuevos tiempos y modelos fundacionales. En Euskadi existen, en la actualidad, más de 600 fundaciones registradas que trabajan, mayoritariamente, en el campo de la docencia y la investigación, así como en los ámbitos de la cultura y las políticas sociales. Cuentan con un patrimonio neto que supera los 1.400 millones de euros y un gasto anual de casi 800 millones. Es importante destacar que el sector fundacional vasco emplea a un total de más de 13.000 personas.