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2014/01/23

La transparencia en el buen gobierno
Imanol Lasa

“Es fácil entender la importancia que tiene la transparencia de la actividad pública para la consecución de una sociedad verdaderamente democrática, plural y participativa. Solo cuando la ciudadanía tiene a su alcance los instrumentos necesarios para conocer cómo se toman las decisiones que le afectan, cómo se utilizan los fondos públicos o cuál es la actividad pública y política de nuestras instituciones y responsables políticos y bajo qué criterios actúan, entonces puede opinar, exigir y participar con eficacia. El conocimiento y análisis previo de la información es un requisito para la participación eficaz en la gestión de los asuntos públicos y en los procesos de toma de decisiones de las instituciones públicas, y para exigirles que rindan cuentas de su actuación”.
La transparencia en el buen gobierno<br>Imanol Lasa<br>

Estas líneas, intachables desde un punto de vista teórico, práctico y ético, y que cualquiera de nosotros suscribiría, forman parte de la exposición de motivos del proyecto de norma foral de transparencia y acceso a la información pública presentada por el gobierno foral en las Juntas Generales. Lamentablemente, la actuación de la izquierda abertzale en la Diputación y en la gran mayoría de ayuntamientos de Gipuzkoa choca irremisiblemente con esos principios que recoge el nuevo proyecto de norma. Allí donde se reivindica la apertura, la escucha, el acercamiento y el diálogo, imperan la cerrazón, el oscurantismo, el secretismo y la imposición. Se hace lo contrario de lo que se predica.

La política es decidir entre todos y todas sobre temas que nos afectan. Como en todos los ámbitos de la vida, los representantes políticos transmitimos valores con el modo en que hacemos las cosas. Especialmente aquí, el cómo es tan importante o más que el qué. No pueden separarse ambos planos. Cuando hablamos de transparencia, no hablamos únicamente de buenos resultados en la gestión, sino de la actuación de quienes la gestionan y de cómo se ha llegado a los resultados. Desgraciadamente, la izquierda abertzale sigue sin abandonar su concepción doctrinaria de la política, aquella que le ha llevado a actuar durante muchos años acorde con la siguiente norma: el fin justifica los medios. Tanto si se trata de la independencia de Euskadi, como de gestionar las basuras.

Los ejemplos de dicho talante son demasiados como para tener cabida en este artículo: dificultades en el acceso a la información, silencio administrativo, adjudicaciones a dedo, mesas de ‘participación’ formadas exclusivamente por afines ideológicamente, incumplimiento de las ordenanzas, utilización propagandística de los recursos públicos, negativa a realizar consultas ciudadanas solicitadas por la ciudadanía, devaluación de las comisiones municipales, etc. Una serie de actuaciones, las de Bildu, que menoscaban la legitimidad de las instituciones públicas, y que no hacen sino ahondar el abismo de confianza abierto entre las mismas y la ciudadanía, el cual venía gestándose con anterioridad.

Nuestro grupo ha incorporado seis nuevas propuestas en el articulado del presupuesto para que la Diputación y el resto de los órganos forales tengan que informar con detalle el grado de ejecución de los presupuestos. En cuanto al proyecto sobre la transparencia, hemos presentado 21 enmiendas, con el único objetivo de mejorar el acceso a la información de la ciudadanía, y exigiendo que se informe de las campañas de publicidad, el currículum de los gobernantes, la lista de cargos de libre designación o una memoria de los procesos participativos. Asimismo observamos necesario la puesta en marcha de un portal en internet para el acceso a través de un único sitio a toda la información oficial: una ventanilla única digital al servicio de la sociedad guipuzcona.

La regeneración de la política pasa inevitablemente por dar un sentido real y coherente a la transparencia en las administraciones públicas. Quienes no cambien su forma de hacer, decidir y organizar su relación con la gente van a tener nuevos y graves problemas de legitimidad ante la ciudadanía. Nuestras instituciones existen gracias a la confianza, y para mantenerla es imprescindible una gestión transparente, como sustento, junto al comportamiento ético, de un buen gobierno. Ello implica poner a la ciudadanía en el centro de los procesos de decisión, asumir que son protagonistas de la actividad política, y cambiar de raíz la forma de relación entre representantes y representados, poniendo toda la información sobre los procesos de decisión a disposición de la ciudadanía en tiempo real.

La transparencia debe de afectar al conjunto del sector público: los contratos, adjudicaciones, convenios, subvenciones, información económica, ejecución presupuestaria, normativas, proyectos, financiación, endeudamiento, gasto en campañas de publicidad institucional, grado de cumplimiento de los compromisos, eficiencia y calidad de los servicios públicos, quejas y peticiones de la ciudadanía, etc. Sin embargo, la información por sí misma no garantiza transparencia; hace falta transformarla en conocimiento mediante la aplicación de técnicas de segmentación temática, territorial, servicios a la carta, mecanismos de organización y recuperación de la información, o indización y referenciamiento cruzado de datos. Las nuevas tecnologías ofrecen enormes posibilidades a este respecto.

Además de cantidad, la calidad de la información es otro requisito indispensable. Debe tener cuatro características: disponibilidad, accesibilidad, relevancia, calidad y confiabilidad. Cuanto mayor sea la transparencia, mayores índices de gestión pública responsable conseguiremos, lo que a su vez se traduce en una mayor transparencia, en corresponsabilidad, cogestión, e impulso del sentido de comunidad y de los lazos sociales. En cambio, si la información es escasa, se convierte en un bien valioso, y se crean intereses y surgen personas con motivos para mantener esa escasez de información artificialmente creada.

Se trata, en definitiva, de rendir cuentas a quienes nos han elegido. Enfrentarse con la gestión, someterse a una evaluación continua más allá de cada cuatro años. Se trata de apostar por la colaboración público- privada, y el trabajo entre agentes, asociaciones y administración. Gipuzkoa precisa de un liderazgo claro para salir de la crisis y apostar por modelos de gestión basados en los principios del buen gobierno. El camino emprendido en las Juntas Generales con la tramitación del proyecto de norma foral de transparencia y acceso la información pública será un buen inicio si se asume hasta las últimas consecuencias que la responsabilización de la administración pública tiene dos dimensiones: el poder de fiscalizar y en su caso sancionar por parte de la ciudadanía, y el deber de explicar y justificar el desempeño y uso del poder por parte de los agentes públicos

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