Las enmiendas planteadas por EAJ-PNV buscan reforzar el carácter social de la norma, garantizar la igualdad de oportunidades y responder de forma más justa y equitativa a las necesidades reales de las y los getariarras. En un municipio donde la escasez de garajes privados y los altos precios del mercado dificultan el acceso de muchas familias a una plaza, el grupo jeltzale considera imprescindible actualizar la normativa para adecuarla a la realidad social y económica actual.

EAJ-PNV considera que el orden de prioridades planteado en la ordenanza no responde a las necesidades sociales de Getaria. Por ello, ha presentado una propuesta de modificación con el siguiente orden:

       1.- Personas con necesidades especiales residentes en Getaria.

       2.- Personas con recursos económicos limitados residentes en Getaria. Se entenderá por tales aquellas unidades de convivencia cuyos ingresos anuales no superen el triple del IPREM vigente, con la posibilidad de valorar casos excepcionales mediante informe de los servicios sociales municipales.

       3.- Personas residentes en Getaria que no disponen de plaza de garaje en propiedad.

       4.- Resto de personas residentes en Getaria.

       5.- Titulares de una actividad económica en Getaria.

       6.- Propietarios de una vivienda en Getaria no incluidos en los apartados anteriores.

“Creemos que este orden responde de manera más justa a la realidad social de nuestro pueblo. Primero deben estar quienes más lo necesitan, y después el resto de colectivos”, subrayaron desde EAJ-PNV.

Además de las prioridades, el grupo municipal ha advertido de deficiencias técnicas en el texto presentado por el Gobierno. La ordenanza fijaba un precio inicial de 17.746,73 € más IVA por plaza, con la previsión de actualizarlo automáticamente en base al IPC. Tal y como recordó EAJ-PNV, esta fórmula contraviene la Ley 2/2015 de Desindexación de la Economía, que prohíbe expresamente a las administraciones públicas vincular sus precios a índices generales como el IPC.

Por ello, los jeltzales proponen:

       • Establecer un precio único y exacto para la venta de plazas, revisable solo en casos excepcionales (por ejemplo, si pasan más de doce meses desde la adjudicación sin haberse puesto en marcha el aparcamiento).

       • Regular el alquiler o cesión con posibilidad de revisión anual, siempre mediante acuerdo plenario y con informe técnico-económico.

“Nuestro objetivo es claro: que las plazas municipales de aparcamiento se gestionen con criterios de equidad y solidaridad, atendiendo a las necesidades reales de las personas y familias. Por eso hemos hecho propuestas constructivas que se aceptaron por parte del Gobierno”, concluyeron.