“Mostramos nuestra satisfacción por que la juez ha admitido a trámite las irregularidades detectadas en la concesión de ayudas a la cooperación que la entonces alcaldesa gestionaba personalmente mediante decretos de Alcaldía y sin control financiero. Esta imputación demuestra que nuestras denuncias tenían suficiente base jurídica y que las supuestas irregularidades que hemos venido denunciando son constitutivas de delitos penales”, ha manifestado Alkorta.

Tal y como ha informado, todos los grupos de Lasarte-Oria durante la alcaldía de Ana Urchuegia, con la excepción del PSE-EE y el PP, han venido denunciando durante años las supuestas irregularidades en ayudas a la cooperación cometidas por quien fuera alcaldesa socialista durante casi 25 años. Estitxu Alkorta ha subrayado que las nuevas mayorías políticas conformadas en el Consistorio tras las últimas elecciones municipales y forales permitieron al Ayuntamiento presentar una querella contra Urchueguía con los votos de EAJ-PNV, Bildu y la Plataforma Ciudadana de Lasarte-Oria (PCLO). “Lamentablemente, el PSE-EE y el PP no han mostrado interés en dilucidar este tema y han mantenido la misma actitud oscurantista en todo este tiempo, pero el resto de partidos considerábamos que podrían existir delitos penales que era necesario investigar. No podemos más que felicitarnos porque, después de tantos años, por fin ha prosperado la denuncia”, ha aseverado la concejal jeltzale.

El auto dado a conocer por el Juzgado de Instrucción nº3 de Donostia justifica la apertura de diligencias previas porque “existen aspectos destacados en la querella que exigen una investigación judicial pues, presuntamente, podrían constituir ilícitos penales”. El posible delito de prevaricación se apoya, entre otras, en ilegalidades o irregularidades formales tales como la ausencia de dación de cuenta o la inexistencia de anotaciones o resoluciones en los correspondientes expedientes administrativos, la insinuación de la falta de justificación de partes importantes de proyectos subvencionados y la desviación de fondos públicos a la hora de gestionar ayudas de cooperación. Aspectos, todos, que, en opinión del juez, exigen una investigación en profundidad.

“EAJ-PNV confía en que todos estos hechos sean investigados y se depuren las posibles responsabilidades penales que puedan existir, el tema está en manos de la justicia”, ha concluido Alkorta.