Larraitz Ugarte, en su intento obsesivo de cuestionar el funcionamiento de Bidegi, presentó en noviembre, en nombre de la Diputación, una querella contra técnicos que llevaron el control de la obra del tramo Eskoriatza-Arrasate de la AP-1.

Sin que, a día de hoy, los técnicos hayan declarado aún ante el juez, Larraitz Ugarte y la izquierda abertzale fuerzan desesperadamente la constitución de una comisión de investigación en la que pretenden volcar su tesis de acusación política contra el PNV.

Mejor dicho, un sucedáneo de comisión de investigación, que plantean, sabiendo que no existe el tiempo necesario para que se desarrolle con un mínimo de rigor. Son conscientes de que el poco tiempo que queda impide que la comisión llegue a conclusiones fundamentadas.

Larraitz Ugarte y Bildu han llegado a la conclusión de que la presentación de la querella no está teniendo el recorrido mediático que pretendían y han considerado oportuno sacarse de la manga un juicio político sumarísimo para culminar su estrategia en plena precampaña electoral. Evidentemente, ellos ya tienen dictada sentencia.

Bildu y Ugarte tienen el problema de que tras cuatro años de acusaciones no han sido capaces de demostrarlas, y ahora necesitan llegar a la víspera electoral alimentando sospechas.

Teniendo en cuenta que ha sido la Diputación la que ha marcado los tiempos con la presentación de la querella contra los técnicos (por lo que conocemos, infundada), si de la misma se concluyera que ha existido alguna responsabilidad delictiva, será el propio PNV el que propondrá en Juntas Generales de Gipuzkoa la constitución de la comisión de investigación correspondiente.

Ugarte necesita justificar en su despedida su absoluto fracaso en la gestión durante cuatro años haciendo lo único que ha demostrado saber hacer: acusar al PNV.