El diputado general Martin Garitano y la diputada foral de Hacienda Helena Franco han comparecido esta mañana en las Juntas Generales para dar cuenta de la reunión celebrada ayer en el seno del Consejo Vasco de Finanzas. En el mismo Gobierno Vasco y diputaciones lograron un acuerdo para el pago de la multa impuesta por la Unión Europea en torno a los retrasos en la recuperación de las llamadas vacaciones fiscales.

El portavoz del grupo juntero EAJ-PNV, Markel Olano, ha señalado que “el acuerdo alcanzado ha sido fruto de la gestión impecable de una mala noticia como es la sentencia que obliga a devolver los incentivos fiscales aprobados para ayudar al tejido industrial vasco en la década de los 90, azotado por una dura situación de crisis”.

En este sentido, Olano ha destacado que “la responsabilidad institucional y tener una visión de país son dos aspectos fundamentales para poder afrontar una situación como la generada y que llevó a las instituciones vascas a aprobar medidas basadas en experiencias existentes en otros lugares como Marsella, Holanda o Irlanda. Cabe recordar que en ese momento en Marsella se aprobó la creación de un crédito fiscal del 45%, una medida que se puso en marcha en Euskadi, pero con la diferencia de que la Unión Europea sólo multó a las instituciones vascas”.

Del mismo modo, el portavoz del grupo juntero EAJ-PNV ha señalado que “en ese momento la puesta en marcha de medidas para ayudar al tejido industrial vasco se hizo de modo institucional y por responsabilidad de país, puesto que haber abandonado a las empresas hubiera sido un golpe muy duro para la economía de Euskadi, en un momento en el que la tasa de paro era superior al 25% y existía un riesgo claro de desindustrialización”. Así, Markel Olano ha subrayado que “las medidas que se adoptaron fueron para mantener a flote tanto las empresas como los puestos de trabajo”.

Para finalizar, en relación a la devolución de los incentivos exigida por la Unión Europea, Olano no cree que “la actitud adecuada de las instituciones fuera exigir la devolución inmediata a las empresas o el embargo de sus bienes, puesto que conllevaría el consiguiente riesgo de destrucción del tejido industrial, así como de cientos de puestos de trabajo”. De este modo, el portavoz del grupo juntero jeltzale ha coincidido con la diputada foral de Hacienda, Helena Franco, en la valoración positiva realizada en torno a que “ninguna empresa del Territorio ha tenido que cerrar sus puertas como consecuencia de este proceso”.