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El PNV de Oñati ha presentado una alegación a la modificación del plan parcial de las viviendas de San Martin
Los jeltzales señalan que aunque compartan las razones que han llevado al gobierno a modificar el plan parcial, la propuesta de Bildu no cumple con la legalidad. El grupo municipal del PNV pide al gobierno que no apruebe la modificación del plan parcial y que de las 49 nuevas viviendas 32 sean de protección oficial.
La portavoz del grupo municipal del PNV de Oñati, Lourdes Idoiaga, ha señalado que el PNV ha presentado una alegación a la modificación del plan parcial de las viviendas de San Martin. Según ha explicado Idoiaga, los jeltzales comparten los principios en los que se ha basado el gobierno para realizar la modificación, como por ejemplo que la superficie de las casas libres son demasiado grandes y no responden a las necesidades de la demanda actual. Pero Idoiaga ha dejado claro que aunque su grupo comparta las razones para la modificación la propuesta de construcción de viviendas de San Martin no cumple con la legalidad, ni cumple las exigencias de la anterior Ley del Suelo de 1994 que es la que corresponde aplicar en este caso e incluso incumpliría los requisitos de la ley actual.
Por esa razón, y tal y como exige la ley, los jeltzales plantean que de las 132 viviendas, 32, sean a precio de VPO (precio medio de 129.352€) y las restantes 100 a un precio medio de 219.899,59€ (precio limitado a VPO x 1,7). “Nuestra propuesta, ha explicado la portavoz, además de ajustarse a la legalidad, supone un ahorro de 90.000 euros para cada una de las 32 familias que optarán a una vivienda en San Martín y defiende un mayor número de viviendas de protección oficial”.
Por ello, y en defensa de los intereses de los oñatiarras y en especial de las familias que compren una casa en San Martin, el grupo municipal del PNV ha pedido al gobierno que no apruebe la modificación del plan parcial, que cumpla con la legalidad y que de las 49 viviendas de más que el gobierno quiere construir 32 sean de protección oficial.
Por último, el grupo jeltzale ha subrayado que la alegación presentada se plantea en defensa de la legalidad y de los intereses generales de las y los oñatiarras, “ya que es nuestra obligación como grupo de la oposición controlar la gestión del gobierno y denunciarlo en caso de ser necesario” ha concluido Idoiaga.
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